Las víctimas de Chiclayo piden audiencia con el Papa
Menos de una semana después de publicar un revelador vídeo, Ana María Quispe envía un devastador comunicado público
Ana María Quispe Díaz a los 9 años, edad a la que fue abusada por el sacerdote Eleuterio “Lute” Vásquez
Sabía por fuentes indirectas que al reciente post en Tiktok -que demuestra que Ana María Quispe, en conversación con Elise Ann Allen, nunca eximió de responsabilidad al entonces Obispo Robert Prevost- iba a seguir más información fundamentalmente resucitando un caso de abuso que muchos consideraban cerrado.
Aclaro que no tengo ni he tenido contacto personal alguno con Ana María Quispe, la valiente víctima de Chiclayo (Perú), que en su momento denunció haber sido víctima, junto con sus dos hermanas menores -a quienes protege de la prensa con admirable valentía- de abusos sexuales por parte de un popular sacerdote de la diócesis, Eleuterio “Lute” Vásquez.
Pero a través de su nuevo abogado me ha llegado un comunicado enérgico, revelador y sorprendente, firmado por Ana María misma, que comparto tal como lo recibí.
La introducción
Este es el mensaje con el que llega, en formato pdf, la carta original, enviada por Ana María en tres idiomas: español, inglés e italiano:
Estimados:
Las víctimas del sacerdote Eleuterio Vásquez González, hacen público el comunicado adjunto sobre la decisión comunicada el pasado 13 de noviembre de concederle la dispensa del estado clerical y sobre las acciones que emprenderemos ahora.
Se adjunta una fotografía (Ana María Quispe con 9 años: edad a la que sufrió los abusos del sacerdote Lute) cuya reproducción se autoriza.
Atentamente,
Ana María Quispe Díaz
La fotografía a la que hace referencia Ana María es la que publico al inicio de esta nota.
El comunicado
COMUNICADO DE PRENSA
El pasado día 13 de noviembre de 2025, la Iglesia nos ha comunicado por escrito que el Papa ha concedido la gracia de la dispensa del estado clerical al sacerdote de Chiclayo Eleuterio Vásquez González, quien abusó sexualmente de nosotras cuando éramos niñas.
Esta decisión implica que los hechos que denunciamos —y que nunca fueron investigados siquiera de forma mínima por la Iglesia— quedarán definitivamente sin ser esclarecidos.
Con esta dispensa, ya no habrá una investigación canónica, no habrá un proceso, no habrá un juicio. Y, por tanto, nunca habrá justicia ni una verdadera reparación moral.
En una reunión el 23 de abril del 2025 se nos intentó presentar esta dispensa como algo positivo, aprovechando que no estábamos asistidas por un canonista. Pero las víctimas de abusos y las instituciones que deben protegerlas saben que la reparación solo puede construirse sobre la verdad, sin trampas ni engaños. Evitar las investigaciones y cerrar los procesos mediante dispensas que impiden el juicio penal canónico es un camino que jamás debería utilizarse, porque deja desamparados a quienes han tenido el valor de denunciar y buscar luz en medio del dolor. Algo muy difícil y con un inmenso desgaste personal.
Solo después de investigar, juzgar y sentenciar es posible tomar decisiones responsables sobre la situación de un sacerdote abusador. Hacerlo antes provoca un sufrimiento y un desconcierto difícil de describir. Las víctimas, muchas veces, somos cuestionadas y señaladas, se nos acusa de mentir y se sufre una persecución pública. No tener una investigación y una sentencia que respalde nuestra denuncia es dejarnos desamparadas ante las acusaciones que recibimos cuando damos este paso. ¿Cómo vamos a promover que las víctimas denuncien, si les vamos a dejar expuestas sin investigar sus casos?
En nuestro caso, esta decisión es aún más hiriente porque la propia Iglesia ha reconocido graves errores y negligencias de las autoridades involucradas, incluido el que fue el primer responsable del caso, el obispo Robert Prevost:
“La investigación previa fue una tomadura de pelo. Muy mal hecha. Con errores formales incluso”, (Giampiero Gambaro, sacerdote instructor del expediente el 23 de abril de 2025). No obstante hemos tenido que vivir cómo, en los últimos meses, algunos medios y periodistas con mucha difusión han llegando a manipular nuestro testimonio para ocultar estos errores.
Indultar a Eleuterio Vásquez resulta además especialmente irresponsable, sabiendo que existen testigos que han declarado públicamente a los medios que llevaba con frecuencia a otros niños a la misma estancia donde nosotras fuimos abusadas. Esa información, que debería haber encendido todas las alarmas, exigía una investigación profunda y urgente, no el cierre definitivo del caso.
Resulta incomprensible que en lugar de buscar la verdad y reparar a las víctimas, se haya optado por poner fin al caso mediante una gracia papal que libera al abusador de afrontar la responsabilidad que le corresponde y que nos deja en una situación vulnerable en la que no se nos repara, donde solo se nos ofrece sufragar un tratamiento.
A pesar de esta situación, vamos a defender que jamás se utilicen atajos para impedir el acceso a la verdad. Las víctimas de abusos en la Iglesia católica tienen derecho a la justicia. Y la justicia exige transparencia, investigación y un compromiso real con quienes hemos sufrido.
Próximos pasos
En el comunicado, Ana María concluye:
Por ello anunciamos:
El inicio de acciones legales ante las autoridades canónicas competentes contra todos los funcionarios eclesiásticos que participaron o fueron responsables de dichas negligencias.
La presentación formal de nuestro caso ante asociaciones de víctimas de abusos de todo el mundo, para que sea escuchado y para trabajar juntas por un cambio real dentro de la Iglesia.
La comunicación inmediata del caso a la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano, solicitando que analicen lo ocurrido y tomen medidas frente al atropello sufrido.
La solicitud de una audiencia personal al Papa, para explicarle el dolor que causa a las víctimas este tipo de situación y solicitarle un cambio de rumbo en la Iglesia en la forma de tratar los abusos.
Aquí termina el comunicado.
Creo que esta dramática situación abre una oportunidad importante para el Papa León XIV, que como he dicho e insisto, es el legítimo Sucesor de Pedro a quien le deseo un largo y fructífero pontificado.
Una lastima que esto suceda. Un proceso de laicización de un sacerdote dura 2 a 3 años, no es tan automático. Tampoco impide un juicio canónico, prueba de ello el juicio a un profesor de un colegio del Opus Dei en España (País Vasco)sometido a juicio canónico siendo laico y jamás religioso o cura. Esperemos que las personas que muy en su derecho se sienten lastimadas y burladas, entiendan que en parte no es así. Del resto es difícil pronunciarse porque no se conoce el caso. Debería ser obligatorio lo que muchos obispos ya están haciendo. Cuando se producen estos hechos, de inmediato se denuncian a la justicia del país y después se inician el juicio canónico. Eso evita que se piense que se desea ocultar. Ahora bien, los resultados pueden ser distintos en los dos juicios. Lo que para la justicia civil no es delito por la falta probatoria, si puede serlo para la justicia canónica (abuso de conciencia), pero difícilmente al revés.