La súplica a los obispos de una líder laica
Por qué la presidenta de CatholicVote pide a los obispos de Massachusetts que decreten la excomunión de una gobernadora abortista
Kelsey Reinhardt, Presidente y CEO de CatholicVote y Voto Católico
Lo ocurrido esta semana en el estado norteamericano de Massachusetts plantea una de esas situaciones en las que la Iglesia ya no puede limitarse a explicar qué enseña. La pregunta inevitable es qué consecuencias tiene para un católico actuar pública, deliberada y persistentemente contra una enseñanza moral tan fundamental como la protección de la vida inocente.
La protagonista es Maura Healey, gobernadora demócrata de Massachusetts, que aunque es lesbiana y vive en una unión del mismo sexo, se identifica públicamente como católica.
Es más, cuando murió el papa Francisco, ella misma declaró: “Me uno a mis hermanos católicos” para lamentar su muerte. Y en mayo de 2024 viajó al Vaticano para participar en la cumbre sobre el clima organizada por Francisco, ocasión en la que se reunió personalmente con él y posteriormente describió ese encuentro como “un tremendo honor”.
El 10 de agosto, sin embargo, Healey firmó la ley H.5595, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act.
¿Qué hace concretamente la nueva ley?
Matar niños
Hasta ahora, después de las 24 semanas de embarazo, Massachusetts permitía el aborto únicamente cuando el médico lo consideraba necesario para preservar la vida de la madre, proteger su salud física o mental, o ante determinados diagnósticos fetales graves. La nueva ley elimina expresamente esas cuatro categorías y las sustituye por una sola frase: “un aborto puede ser realizado por un médico basándose en su juicio profesional”. También establece que ningún procedimiento de revisión médica puede anular esa decisión. En resumen: campo libre para matar niños en el vientre materno hasta el momento mismo del nacimiento.
Los cuatro obispos católicos de Massachusetts, el arzobispo Richard Henning de Boston y los obispos Robert McManus de Worcester, Edgar da Cunha de Fall River y William Byrne de Springfield, habían advertido antes de la firma sobre la tragedia que significaría el cambio.
En su declaración conjunta del 29 de julio afirmaron que la legislación eliminaba “todos los límites legales restantes sobre los abortos tardíos”, aclarando que por aborto tardío se referían a los practicados “después de las 24 semanas de embarazo y hasta el nacimiento del niño”.
Y emplearon palabras excepcionalmente duras:
“La propuesta de eliminar cualquier restricción legal sobre el aborto tardío es, a nuestro juicio, una medida radical que es gravemente inmoral”.
El Senado ignoró a los obispos. La gobernadora también.
El 10 de agosto Healey firmó la ley, que ya aparece oficialmente como el Capítulo 188 de las leyes de Massachusetts de 2026. Y la firma de la nueva ley se realizó con pompa y circunstancia, donde la gobernadora, rodeada de feministas y abortistas, recibió un estruendoso aplauso tras plantar su rúbrica. El infanticidio se celebraba en un clima de fiesta, de victoria cívica.
Una laica pide a los obispos el siguiente paso
Dos días después, Kelsey Reinhardt, presidenta y CEO de la organización laical CatholicVote, que tiene una división en español, Voto Católico, hizo algo poco frecuente y, a mi juicio, muy significativo.
No atacó a los obispos. No los acusó de cobardía ni pretendió usurpar su autoridad canónica.
Con argumentos tan filiales como convincentes, simplemente les suplicó que la ejercieran.
En una carta pública dirigida a los cuatro obispos del estado, Reinhardt comienza dejando claro que escribe “no como adversarios ni como partidistas”, sino como católicos que toman en serio las responsabilidades de sus pastores.
Su argumento es sencillo: los propios obispos han declarado que la nueva ley es “gravemente inmoral” y que elimina las restricciones legales al aborto después de las 24 semanas hasta el nacimiento. La gobernadora que decidió firmarla se declara católica. Entonces, pregunta Reinhardt, ¿cuáles son las consecuencias eclesiales de ese acto?
La carta invoca la pena canónica de excomunión latae sententiae (pena automática, que no requiere de una proclamación) establecida para quien procura efectivamente un aborto y que, según la legislación vigente de la Iglesia, se extiende a los cómplices sin cuya cooperación el delito no se habría cometido.
Pero aquí hay un aspecto particularmente importante: Reinhardt no pretende tener la última palabra.
La carta dice expresamente que CatholicVote considera que Healey podría entrar en la categoría de “cooperadora necesaria” ya que ella, al firmar la ley, la pone en vigencia, y los abortos tardíos que se cometerán a partir de ahora, no serían posibles sisu participación. ¿No la convierte eso en una cooperadora directa?
Reinhardt, sin embargo, añade que semejante conclusión solamente puede ser establecida con certeza por la autoridad de los obispos.
Y esa es precisamente la petición.
No simplemente: “Excomúlguenla”.
Sino: determinen públicamente si, conforme al derecho de la Iglesia, ya ha incurrido en excomunión y, si así fuera, declárenlo.
Cuando la excomunión no es venganza
La parte más hermosa de la carta es quizá la explicación de por qué la excomunión, aplicada de esta forma y no de manera arbitraria o prepotente -como hizo el oscuro funcionario vaticano Jordi Bertomeu Farnós-, no debe entenderse como una expulsión vengativa de alguien que piensa de manera diferente.
El derecho de la Iglesia clasifica la excomunión como una pena medicinal. En otras palabras, su finalidad fundamental es provocar el arrepentimiento y la conversión.
CatholicVote lo expresa con una imagen sencilla: a un enfermo no se le niega la medicina para evitar herir sus sentimientos. Precisamente porque se lo ama y porque se comprende la gravedad de su enfermedad, se intenta curarlo.
La carta plantea además el problema del escándalo.
Healey no tomó una decisión privada. No expresó discretamente una opinión errónea. Utilizó la autoridad pública que posee como gobernadora para firmar una ley que los propios obispos habían calificado de “gravemente inmoral”, y lo hizo en una ceremonia pública presentada como una conquista política.
La pregunta de Reinhardt es entonces inevitable: ¿qué aprende el católico común cuando observa que un político puede identificarse públicamente como católico, promover una legislación de esta gravedad y continuar aparentemente en plena comunión eclesial como si nada hubiese ocurrido?
El silencio también enseña.
Y algunas veces enseña exactamente lo contrario de lo que la Iglesia afirma desde el púlpito.
Una petición respetuosa, pero incómoda
CatholicVote formula finalmente tres peticiones.
Primero, que los obispos determinen si Healey ha incurrido ya en la excomunión automática prevista por el derecho canónico y, si la respuesta es afirmativa, que la declaren públicamente.
Segundo, que respondan pastoralmente al escándalo producido por la ceremonia de firma, explicando qué exige realmente identificarse públicamente como católico.
Y tercero, que no lo hagan como comentaristas políticos, sino como pastores que hablan a una integrante de su propio rebaño que, según la carta, se ha extraviado pública y gravemente.
Es difícil imaginar una petición más respetuosa. Pero también es difícil imaginar una pregunta más incómoda.
Porque la cuestión finalmente no es Maura Healey.
Es si pertenecer públicamente a la Iglesia Católica significa algo cuando un político ejerce el poder.
Los obispos de Massachusetts ya han dicho con claridad que la ley es gravemente inmoral. CatholicVote ahora les pregunta qué significa esa declaración para la gobernadora católica que decidió convertirla en ley.
Y esa pregunta merece una respuesta.
Texto completo de la carta de Kelsey Reinhardt a los obispos de Massachusetts
Nota editorial: reproduzco a continuación, íntegramente y en traducción al español, la carta original de Kelsey Reinhardt del 12 de agosto.
12 de agosto de 2026
DECLARACIÓN PÚBLICA
CatholicVote — Kelsey Reinhardt, Presidenta y CEO
A: Los Obispos Católicos de Massachusetts
Asunto: La gobernadora Maura Healey, H.5595 y la responsabilidad de la Iglesia de actuar
Excelencias:
Les escribimos no como adversarios ni como partidistas. Les escribimos como católicos que tomamos en serio lo que la Iglesia enseña acerca de los deberes de sus propios pastores.
El 10 de agosto de 2026, la gobernadora Maura Healey, católica declarada, promulgó la Prioritizing Patient Access to Care Act (H.5595). Ustedes mismos han descrito sus consecuencias en términos que no dejan lugar a ambigüedad: esta legislación abre la puerta al aborto de niños no nacidos hasta el momento mismo del nacimiento. Ustedes lo han llamado por lo que es. Les agradecemos esa claridad.
Les escribimos para pedirles que lleven esa claridad hasta su conclusión lógica y canónica.
Lo que hace la ley
Ustedes ya se han pronunciado. La nueva ley permite aquello que ninguna civilización formada en la tradición de la ley natural y de la revelación cristiana puede permitir sin contradecirse a sí misma: poner fin deliberadamente a una vida humana en su momento de mayor indefensión, en el umbral mismo del nacimiento.
La muerte directa de un ser humano inocente no es una preferencia de política pública. Es, en palabras de Evangelium Vitae, “un grave desorden moral”, uno que “ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito”.
La gobernadora Healey no se limitó a permitir esto. Lo convirtió en ley con su firma.
Lo que ya dice el Derecho Canónico
Excelencias, la Iglesia no los ha dejado sin herramientas. De hecho, la Iglesia ya ha hablado mediante su derecho.
El canon 1397 §2 del Código de Derecho Canónico impone la excomunión latae sententiae, es decir, la excomunión automática, contraída por la propia comisión del acto, a quien procura un aborto consumado.
El canon 1329 §2 extiende esa misma pena a los cómplices cuando establece que: “Los cómplices no citados en la ley o en el precepto incurren en la pena latae sententiae correspondiente a un delito si, sin su colaboración, el delito no se habría cometido, y la pena es de tal naturaleza que puede afectarles”.
La cuestión que tienen ustedes ante sí es si la gobernadora Healey reúne las condiciones para ser considerada una cómplice esencial según este canon.
Nosotros creemos que la respuesta es afirmativa, pero, más importante aún, creemos que tal conclusión solamente puede ser afirmada sin lugar a dudas por su autoridad.
Una gobernadora que firma una legislación para convertirla en ley no es una simple espectadora: ella constituye el acto final necesario de un proceso legislativo que no puede adquirir efecto jurídico sin ella. Sin su firma, los abortos que H.5595 posibilita no ocurrirían. No es simplemente cómplice en un sentido cultural general, sino en el preciso significado canónico del término.
El derecho de la Iglesia fue escrito precisamente para tener en cuenta este tipo de cooperación.
La gravedad de la ceremonia
Existe una segunda dimensión que la tradición de la Iglesia siempre ha reconocido como independientemente grave: el escándalo público.
La gobernadora Healey no firmó esta legislación con reticencia ni con expresión alguna de la gravedad de aquello que estaba autorizando. La firmó durante un acto público de celebración. Fue recibida con aplausos. La ceremonia fue festiva.
El Catecismo de la Iglesia Católica define el escándalo como “la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal”. Describe el escándalo grave como una de las categorías más serias de ofensa moral porque corrompe la imaginación moral de toda una comunidad.
¿Qué comunicó aquella ceremonia a los católicos de Massachusetts y a todos los que observábamos desde el resto del país?
Que un católico en plena comunión con la Iglesia puede firmar una legislación que permite el aborto hasta el nacimiento y ser celebrado por hacerlo.
Por tanto, este no fue un pecado privado. Fue una lección horrenda impartida por una gobernadora católica a ciudadanos católicos, con toda la autoridad de su cargo y todo el simbolismo de aquellos aplausos.
La Iglesia siempre ha comprendido que algunos actos requieren una respuesta pública precisamente porque han causado un daño público. La ceremonia celebratoria del 10 de agosto constituye uno de esos actos.
¿Por qué la excomunión y por qué ahora?
Anticipamos la objeción de que la excomunión es una medida drástica que puede ser malinterpretada y provocará una reacción política adversa.
Pero la excomunión no es, en primera instancia, un castigo. Está clasificada en el Código de Derecho Canónico como una pena medicinal; es decir, una censura cuyo propósito explícito no es la retribución, sino la conversión.
El canon 1312 la incluye entre las “penas medicinales”, distintas de las penas expiatorias, cuyo propósito principal es la reparación del escándalo y de la justicia. El canon 1347 deja claro que una censura ni siquiera puede ser impuesta válidamente si el infractor no ha sido primero amonestado y se le ha concedido la oportunidad de arrepentirse.
La lógica de la pena medicinal es antigua y coherente, y nos enseña que no se le niega la medicina a una persona enferma para no herir sus sentimientos. Se la administra porque se la ama y porque se toma en serio su enfermedad.
La gobernadora Healey es una católica en estado de pecado grave. Ha cooperado pública y ahora legislativamente en la destrucción de vidas humanas inocentes.
El derecho de la Iglesia le ofrece un mecanismo, una oportunidad para que aquellos cuya autoridad ella misma reconoce mediante su reivindicación de la identidad católica le digan que ha llegado a un lugar en el que no puede permanecer sin consecuencias. El propósito es hacer que su alma regrese.
Lo que enseña el silencio
Excelencias, también somos conscientes de lo que comunica la inacción, no solamente a la gobernadora Healey, sino a todos los católicos de Massachusetts y del resto del país.
Cuando una gobernadora católica firma una legislación que permite el aborto hasta el nacimiento, celebra públicamente esa firma y no recibe de sus obispos ninguna respuesta más allá de una declaración de prensa, la lección que asimilan los fieles no es sutil. Es esta: esto es tolerable y se encuentra dentro de los límites de aquello que un católico puede hacer. La línea se encuentra en algún lugar más adelante, y todavía no sabemos dónde.
Esa lección está equivocada. Y se sigue enseñando cada día que pasa sin ser corregida.
La integridad del testimonio católico en la vida pública y la credibilidad de nuestra afirmación de que la fe católica es una arquitectura moral que determina la manera en que se ejerce el poder dependen de la disposición de los pastores a actuar como pastores cuando más importa.
Por eso solicitamos respetuosa y formalmente que los Obispos Católicos de Massachusetts adopten las siguientes medidas:
Primero, que aclaren públicamente si, según su juicio canónico, la gobernadora Healey ya ha incurrido en la excomunión latae sententiae prevista por el canon 1397 §2 y el canon 1329 §2 mediante la firma de H.5595 y, de ser así, que declaren formalmente esa excomunión.
Segundo, que aborden con seriedad pastoral el escándalo público de la ceremonia de firma del 10 de agosto, no solamente mediante una declaración de oposición a la ley, sino ofreciendo una explicación clara de lo que exige una identidad católica pública y de las consecuencias de abandonarla públicamente.
Tercero, que esta respuesta no sea ofrecida como un comentario político, sino desde el registro de la autoridad pastoral: como pastores que hablan a una integrante de su rebaño que se ha extraviado pública y gravemente.
Hacemos esta petición con profundo respeto, con dolor y con esperanza.
Los niños que serán asesinados bajo la autoridad de H.5595 no pueden hablar. Los fieles católicos de Massachusetts, confundidos y escandalizados por lo que presenciaron el 10 de agosto, merecen pastores que sí lo hagan.
Estamos con ustedes en esto. Siempre hemos creído que la voz más creíble en defensa de la dignidad de la vida humana en Estados Unidos no es un partido político ni una organización de activismo: es la Iglesia, hablando con todo el peso de su autoridad y con toda la coherencia de su enseñanza.
Hablen, Excelencias. El momento lo exige.
Respetuosamente y en la fe,
Kelsey Reinhardt
Presidenta y CEO
CatholicVote