Hay un momento en toda operación basada en expectativas desmesuradas en que la realidad termina presentando la factura y creo que Jordi Bertomeu Farnós ha llegado a ese momento.
Durante años se instaló alrededor del caso del Sodalicio de Vida Cristiana una cifra sencillamente extraordinaria: mil millones de dólares. Paola Ugaz y Pedro Salinas han sido señalados repetidamente como quienes estimaron en esa cantidad el patrimonio supuestamente controlado directa o indirectamente por el Sodalicio. La cifra fue reproducida después por numerosos medios y terminó convirtiéndose casi en una verdad revelada de la narrativa sobre el llamado “imperio económico sodálite”.
La realidad -y el problema para Bertomeu- es bastante sencillo: los “míticos mil millones” (los MMM) no existen.
Y esto importa especialmente ahora porque Bertomeu ya no es simplemente investigador. Es el comisario apostólico encargado de llevar adelante la liquidación de una institución que dejó de existir canónicamente en abril de 2025. El propio Sodalicio informó entonces que aceptaba su supresión y que Bertomeu había sido nombrado para ejecutar las tareas posteriores.
La aritmética imposible
Antes de desaparecer, el Sodalicio reconocía 83 víctimas y afirmaba haber pagado aproximadamente 5,3 millones de dólares en indemnizaciones. Pero entre el 4 y el 22 de mayo de este año Bertomeu abrió en la Nunciatura Apostólica de Lima un nuevo “Canal de primera escucha” destinado a personas que se consideraran víctimas no debidamente reparadas. Al terminar el proceso habían acudido alrededor de 180 personas, casi todas presentadas como nuevos casos.
Escuchar a alguien no equivale a reconocer automáticamente que su denuncia es verdadera ni determina la cuantía de una reparación. Toda denuncia seria debe ser escuchada y después evaluada con justicia, pruebas y debido proceso. Pero Bertomeu creó inevitablemente una enorme expectativa económica entre personas a las que se les dijo que estaba en marcha un proceso de “reparación”.
Y ahí regresamos al problema de los “MMM”
Porque el dinero real disponible para liquidar lo que pertenecía jurídicamente al Sodalicio parece encontrarse a años luz de aquella fabulosa cantidad difundida durante años. No se puede repartir el tesoro de Atahualpa cuando el tesoro de Atahualpa no existe.
Más revelador todavía es que el nuevo procedimiento ya haya provocado críticas no precisamente entre defensores del Sodalicio, sino entre las propias víctimas. La Red de Sobrevivientes Perú, encabezada por José Enrique Escardó, el primer denunciante público de abusos en el Sodalicio, denunció una segunda convocatoria de “revisión de víctimas”; una decisión de Bertomeu que calificó de “revictimizante” y cuestionó que personas que llevan años esperando deban someterse nuevamente a procedimientos que consideran hostiles.
El hombre que ha convertido la “revictimización” y el “abuso espiritual” en conceptos centrales de su discurso está siendo acusado de revictimización por quienes precisamente deberían ser los principales beneficiarios de su gestión.
Pero ahora ellos se preguntan: ¿se está rediseñando el proceso porque la cantidad de dinero realmente disponible no permite satisfacer las expectativas generadas?
Si la respuesta es sí, el problema no lo crearon quienes advertimos que los míticos mil millones de dólares no existían. Lo crearon quienes alimentaron durante años esa fantasía.
El duro despertar
Paola Ugaz, por cierto, la gran promotora del mito, acaba de ser querellada por la Asociación Civil San Juan Bautista por presunta difamación agravada. La Asociación solicita una reparación simbólica de un sol (unos 30 centavos de dólar norteamericano) y afirma que busca que un juez determine la verdad sobre una serie de afirmaciones que considera falsas.
La denuncia, que Ugaz presenta como un “acto de venganza” es en realidad un acto de justicia no solo para la entidad querellante, sino porque resulta cada vez más importante distinguir entre propaganda, estimaciones periodísticas y patrimonio jurídicamente disponible.
La Asociación Civil San Juan Bautista administra una decena de cementerios católicos en distintas diócesis peruanas y contra lo que cree Jordi Bertomeu -a fuerza de nutrirse de las mentiras de Paola Ugaz- es una persona jurídica civil independiente del hoy difunto Sodalicio, sin subordinación patrimonial ni institucional respecto de una entidad canónica y civilmente muerta.
Esa autonomía es discutida por los críticos de la Asociación; pero San Juan Bautista ha presentado públicamente documentación y argumentos jurídicos contundentes en defensa de su posición. También ha iniciado acciones legales en España contra Jordi Bertomeu Farnós por declaraciones que considera injuriosas y calumniosas.
Es decir: los cementerios no han caído dócilmente en las manos del liquidador del Sodalicio. Y es aquí donde Bertomeu Farnós ha decidido escalar su guerra a algo mucho más grave que una controversia económica.
Cuando el problema deja de ser dinero
En junio se hizo pública la denuncia de que Bertomeu ha dirigido comunicaciones a obispos peruanos solicitando que no autorizen la celebración de Misas ni responsos en las capillas de los cementerios de la Asociación San Juan Bautista. Pronunciamientos de algunos obispos donde operan estos cementerios católicos y la confesión de parte de “Religión Digital”, el pasquín propagandístico que existe para defender a Jordi Nertomeu, confirman la existencia de la medida que afecta directamente la atención espiritual de las familias que allí sepultan a sus muertos.
Quiero ser muy preciso respecto de la gravedad del hecho de que un sacerdote y funcionario del Vaticano, que se ufana de operar “en nombre” del Papa León XIV, tome la medida que ha tomado. Porque no estamos hablando de cancelar una conferencia, cerrar una oficina o impedir que una asociación utilice un logotipo católico.
Estamos hablando de los muertos y de sus familias.
La propia página oficial del Parque del Recuerdo presenta todavía entre sus servicios los “Liturgias y Responsos”, explicando que los responsos son oraciones de la liturgia de la Iglesia realizadas ante la tumba del ser querido. Esa dimensión pastoral no es un añadido ornamental a un cementerio católico. Es precisamente una de las razones por las que una familia católica elige enterrar allí a sus muertos. Y para mí esto no es una abstracción.
Cuatro tumbas de mi familia
En los últimos años he tenido que despedir a cuatro de las personas más importantes de mi vida.
Primero murió mi hermana Sandra, menor que yo y todavía joven, después de luchar contra el cáncer. Luego falleció mi padre, un hombre que había gozado siempre de una salud de hierro y que partió apenas dos semanas después de que el cáncer apareciera con toda su brutalidad. Después murió mi hermano Sergio, el menor de la familia. Para mí, que le llevaba diez años, su muerte fue particularmente dolorosa.
Finalmente, en febrero de 2025 murió mi madre.
Yo vivo en Denver. Ella se encontraba en Lima, en una residencia, físicamente saludable pero con un Alzheimer ya bastante avanzado. Apenas tuve tiempo para despedirme.
Los cuatro están enterrados en uno de los cementerios católicos de la Asociación, el Parque del Recuerdo.
Y en cada una de esas muertes hubo algo que recuerdo con enorme gratitud: la atención pastoral auténticamente católica que recibimos allí.
No fue un servicio accesorio ni una decoración religiosa alrededor de un negocio funerario. Fueron sacerdotes, oraciones, la liturgia de la Iglesia, amigos rezando, la esperanza cristiana de la resurrección en el instante en que uno está contemplando precisamente lo contrario: el cuerpo sin vida de alguien a quien ama.
Con mi madre ocurrió algo que no olvidaré.
Ella había pedido ser incinerada y enterrada junto a mi padre y mis hermanos. Pero el día de sus exequias una extensa interrupción eléctrica afectó la zona del cementerio. Terminé esperando durante horas junto al ataúd de mi madre, literalmente frente a la entrada del crematorio.
Quien no haya pasado por una experiencia semejante quizá no comprenda lo que significa ese momento.
Yo tuve amigos conmigo. Sacerdotes autorizados a consolar. Rezamos los responsos y el Rosario. Tuve acompañamiento pastoral. Tuve la certeza de la Iglesia alrededor mío cuando humanamente solo había un ataúd y una espera interminable.
Por eso me resulta especialmente repugnante que una disputa sobre la liquidación de una institución religiosa pueda terminar afectando precisamente eso.
Los fieles no son instrumentos de presión
¿Qué culpa tiene una mujer que acaba de perder a su esposo o la madre que ha perdido un hijo, de la animosidad vengativa de Bertomeu hacia la Asociación San Juan Bautista?
¿Qué relación tiene un hijo que está enterrando a su madre con el patrimonio del extinto Sodalicio?
¿Qué tiene que ver una familia destrozada por la muerte de un niño con los millones que alguien prometió encontrar y después no encontró?
Nada. Absolutamente nada.
Y por tanto ordenar impedir las celebraciones litúrgicas en estas capillas mientras se libra una batalla patrimonial ya perdida, es una medida moralmente indefendible.
Porque los sacramentos no son armas, los funerales católicos no son fichas de negociación y el dolor de los fieles no pertenece al patrimonio que un comisario pontificio está encargado de liquidar.
La crueldad como método
La enorme crueldad de Bertomeu de suspender la atención sacerdotal de los cementerios católicos es escalofriante, pero trágicamente, es totalmente consistente con su personalidad. Porque es inevitable recordar otro episodio que ya debería haber encendido todas las alarmas sobre el ejercicio del poder de Bertomeu.
Giuliana Caccia y Sebastián Blanco recibieron en 2024 un precepto penal que incluía la amenaza de una eventual excomunión en medio de su conflicto con Bertomeu y de las acciones judiciales que habían iniciado contra él. Caccia y Blanco viajaron posteriormente a Roma y fueron recibidos en audiencia privada por Francisco. Según el testimonio público de ambos, el Papa anuló personalmente el precepto; Caccia afirmó inmediatamente después del encuentro que Francisco lo había dejado sin efecto “de puño y letra”.
No hace falta entrar ahora nuevamente en todos los detalles de aquel episodio. Basta observar un patrón que debería preocupar a cualquiera que crea en el derecho dentro de la Iglesia: cuando aparece una resistencia a su actuación, la respuesta de Bertomeu es desplazarse desde el argumento hacia el abuso de poder.
Y eso es especialmente irónico en alguien que habla con frecuencia de abuso de poder, abuso de conciencia y abuso espiritual. Bertomeu ha explicado públicamente que todo abuso de poder o de autoridad dentro de la Iglesia puede convertirse también en abuso espiritual y de conciencia. Es una afirmación que comparto. Precisamente por eso creo que debería aplicarla primero a su propia actuación.
¿Quién vigila al vigilante?
Hay otro asunto que no puedo ignorar. He recibido información sobre gestiones de Bertomeu ante obispos que han incardinado, o consideran incardinar a sacerdotes provenientes del extinto Sodalicio. Es público que Bertomeu supervisa la situación de estos sacerdotes “caso por caso”. Lo que deberá esclarecerse es si esa legítima evaluación canónica se está realizando objetivamente o si se está convirtiendo en un mecanismo para impedir el ministerio sacerdotal de hombres concretos contra quienes existe una animadversión personal. Seguiré investigando e informando, porque el inexplicable temor que Bertomeu ejerce sobre un número inmoderado de obispos -que a diferencia del comisario, poseen sucesión apostólica- está desapareciendo, y crece el número de los que están dispuestos a hablar de las presiones inmorales que reciben para cancelar sacerdotes dignos de servir en iglesias diocesanas.
¿Puede un hombre dedicado a denunciar el abuso espiritual terminar ejerciendo él mismo formas de poder espiritualmente abusivas?
Una pregunta para León XIV
Finalmente, esta ya no es solamente una cuestión sobre Jordi Bertomeu. Es una cuestión para León XIV.
El Papa conoce el Perú. Conoce el derecho. No es un pontífice jurídicamente improvisado: estudió Derecho Canónico en el Angelicum, obtuvo la licenciatura y defendió allí su tesis doctoral; posteriormente fue formador, superior religioso, vicario judicial y obispo. Sabe perfectamente que la autoridad eclesial no se legitima porque quien la ejerce esté convencido de poseer una causa justa. La autoridad también está limitada por el derecho, la proporcionalidad, la prudencia y, sobre todo, la caridad.
Las víctimas reales del Sodalicio merecen que sus sufrimientos no sean utilizados por nadie, ni para encubrir culpables ni para construir carreras eclesiásticas ni para justificar arbitrariedades.
Precisamente por eso merecen un proceso serio, transparente y jurídicamente limpio.
Y los católicos que entierran a sus padres, esposos, hermanos o hijos en un cementerio no pueden convertirse en daños colaterales de una guerra patrimonial. Y por eso, ante la decisión de privar a los fieles de la misericordia sacramental de la Iglesia, no veo cómo León XIV no deba intervenir.
No para defender al Sodalicio, que ya no existe, ni para defender a la Asociación San Juan Bautista. Ella tiene abogados y tribunales donde defenderse.
Debe intervenir para defender a los fieles. Porque cuando la autoridad eclesiástica utiliza el sufrimiento espiritual de personas inocentes como instrumento de presión, ya no estamos hablando de administración.
Estamos hablando precisamente de aquello que Jordi Bertomeu dice combatir: abuso espiritual.
La maldad del comisario parece no tener límites y por eso la pregunta ya no es qué hará Bertomeu. Ninguna próxima crueldad será una sorpresa. La pregunta es hasta cuándo León XIV permitirá que lo haga.
Este “monseñor” recientemente fue denunciado por muchos católicos reconocidos en redes sociales sobre todo en EEUU por supuestamente participar en un ritual a la Pachamama dentro de una iglesia en el Perú.