Roma declara consumado el cisma lefebvrista
Y confirma la excomunión de la entera Fraternidad sacerdotal… incluyendo sus laicos
La respuesta de la Santa Sede llegó rápido, fue más amplia de lo que algunos esperaban, y no deja espacio para juegos semánticos. Este jueves 2 de julio, apenas veinticuatro horas después de las ordenaciones episcopales ilícitas celebradas en Écône, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un Decreto de Excomunión y una contundente Nota Explicativa que declaran formalmente consumado el cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
La medida es gravísima. También es merecida.
Los ordenados y concelebrantes
El decreto firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declara que el obispo Alfonso de Galarreta, al consagrar a cuatro nuevos obispos “sin mandato pontificio y contra la voluntad del Sumo Pontífice”, cometió un “acto de naturaleza cismática” y por ello incurrió ipso facto en las penas previstas por los cánones 1387 y 1364 § 1 del Código de Derecho Canónico.
La excomunión alcanza directamente a Galarreta y a los cuatro nuevos obispos ilícitamente consagrados: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. El decreto declara que todos ellos incurrieron ipso facto en la excomunión latae sententiae (pena automática) reservada a la Sede Apostólica.
También alcanza al obispo Bernard Fellay. El Dicasterio afirma que Fellay, al participar directamente en la celebración litúrgica como co-consagrante, se adhirió públicamente al acto cismático, incurriendo así en la excomunión prevista por el canon 1364 § 1.
Hasta aquí, Roma hace lo que era jurídicamente inevitable. El canon 1387 establece que tanto el obispo que consagra a otro obispo sin mandato pontificio como quien recibe de él la consagración incurren en excomunión latae sententiae que solo puede ser levantada por el Papa. Y el canon 1364 § 1 establece que el cismático incurre también en excomunión latae sententiae.
La dureza de la Nota Explicativa
Pero el punto más fuerte de la respuesta vaticana está en la nota explicativa. Allí el Dicasterio no se limita a los seis obispos implicados en la ceremonia de Écône. Declara que “los ministros sagrados pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X” están en cisma, deben ser considerados cismáticos y quedan sujetos a la excomunión prevista por el derecho.
Es decir, si hasta ahora la situación de los clérigos Lefebvristas estaba en una especie de “limbo” canónico; ahora ese limbo se acabó: están todos excomulgados y son todos cismáticos.
Dicho sin vueltas: Roma no ha tratado este episodio como el exceso aislado de algunos obispos. Lo ha tratado como lo que es: la consumación institucional de una ruptura.
Esto convierte la respuesta del Vaticano en una de las medidas más severas y de mayor alcance tomadas contra la Fraternidad desde las consagraciones ilícitas de Marcel Lefebvre en 1988. Entonces san Juan Pablo II respondió con el motu proprio Ecclesia Dei, recordando que aquella desobediencia implicaba un rechazo práctico del primado romano y constituía un acto cismático. Ahora el Dicasterio retoma explícitamente esa misma lógica y la aplica a la nueva rebelión de Écône.
Los laicos lefebvristas
La nota explicativa también se refiere a los laicos. Aquí conviene ser preciso. No se afirma que cualquier fiel que haya asistido alguna vez a una Misa celebrada por la Fraternidad quede automáticamente excomulgado. Lo que el Dicasterio declara es que los fieles laicos que adhieren formalmente a la Fraternidad, bajo las condiciones ya establecidas por la nota del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 1996, deben ser considerados cismáticos y excomulgados.
Si hasta ahora el clero lefebvrista estaba en el limbo canónico, el estado de los laicos adheridos al lefebvrismo -pese a la poco conocida nota explicativa de Textos Legislativos de 1996- se veía favorecido, en la práctica, por la decisión de los dos últimos pontífices de “mirar hacia el otro lado” y “dejarlos ser”. Esa indulgencia ahora se acabó.
Con todo la nota hace una distinción importante. Hay fieles que se han acercado a capillas de la Fraternidad buscando una liturgia reverente, estabilidad doctrinal o acompañamiento espiritual, sin necesariamente rechazar al Papa ni el Magisterio de la Iglesia. Y la catastrófica Tradiciones Custodes empujó a mucha gente devota en esa dirección.
Pero hay otros que han hecho de la adhesión a la FSSPX una adhesión formal a una postura de ruptura, de resistencia sistemática y de rechazo práctico de la autoridad pontificia. A ellos se dirige la declaración.
Salvando lo salvable
Vatican News, al explicar los procedimientos para volver a la plena comunión, precisa que la imputabilidad de los laicos “no puede presumirse de manera automática, sino que debe evaluarse caso por caso”. También señala que no deben considerarse imputables los laicos que hayan frecuentado la Fraternidad solo por motivos litúrgicos o espirituales, o que, aun conociendo las tensiones con la Santa Sede, no rechazan el Magisterio ni la autoridad del Romano Pontífice.
Sacramentos inválidos
El Papa Francisco, durante el Año de las Misericordia, en un gesto de mano extendida hacia los lefebvristas, consintió la licitud de sus sacramentos, especialmente el de la penitencia (confesión). Concluido el año de la Misericordia, en ese mismo espíritu de apertura, el Papa Francisco extendió esta concesión.
Pero esta concesión, que los lefebvristas nunca agradecieron ni apreciaron, se ha acabado. La Santa Sede ha advertido al pueblo fiel que los ministros sagrados de la Fraternidad administran ilícitamente los sacramentos, y que la penitencia y los matrimonios celebrados por ellos son inválidos.
La declaración de invalidez es gravísima. Un sacramento concedido ilícitamente es válido y, con los correctivos respectivos, puede volverse lícito. En sacramento inválido en cambio, significa que nunca existió. Para efectos prácticos, una confesión escuchada y absuelta por un sacerdote lefebvrista vale tanto como la de un musulmán. Es decir, cero.
Esta es una de las consecuencias pastorales más graves de la nota. No estamos ante una simple censura institucional. La decisión toca la vida sacramental concreta de miles de fieles: confesiones, matrimonios, dirección espiritual, formación de conciencia, educación de niños y jóvenes, y la pertenencia práctica a una comunidad que ahora Roma declara abiertamente cismática.
Una dureza indispensable
La dureza de la medida no debe escandalizar. Lo verdaderamente escandaloso fue la rebeldía.
Durante meses, la Santa Sede intentó evitar este desenlace. El 12 de febrero, el cardenal Fernández se reunió con el superior general de la FSSPX, Don Davide Pagliarani, y le propuso un camino de diálogo teológico. La condición mínima era clara: suspender las ordenaciones episcopales anunciadas para el 1 de julio.
Y en múltiples ocasiones la Santa Sede había advertido que ordenar obispos sin mandato del Papa -y no solo sin mandato, sino abiertamente en contra de la disposición del Pontífice- implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto.
El 13 de mayo, el propio cardenal Fernández volvió a advertir públicamente que las ordenaciones carecían de mandato pontificio y constituirían “un acto cismático”. El comunicado añadía que la adhesión formal al cisma lleva consigo la excomunión establecida por la ley de la Iglesia.
La Fraternidad publicó una multitud de documentos churriguerescos y siguió adelante.
Por eso la respuesta de Roma no puede ser presentada como precipitada, ni como autoritaria, ni como una agresión contra la tradición litúrgica. Fue una respuesta a un acto público, deliberado, advertido y ejecutado contra la voluntad expresa del Papa.
La excusa del “estado de necesidad”
La Fraternidad intentó presentar las consagraciones como una necesidad para la “supervivencia de la Tradición”. Pero ningún católico tiene derecho a invocar la Tradición contra Pedro. La Tradición católica no es una bandera privada, ni una estética litúrgica, ni un refugio identitario. Es la vida de la Iglesia transmitida en comunión con los sucesores de los apóstoles y, de modo visible, con el Sucesor de Pedro.
La nueva nota del Dicasterio también abre una puerta de regreso. La Iglesia, dice el texto, acogerá “con sincero afecto y viva solicitud” a quienes deseen volver a la plena comunión. Los nuncios apostólicos establecerán los procedimientos que los ordinarios podrán utilizar en cada caso.
Esa puerta debe permanecer abierta. Pero no puede abrirse al precio de fingir que el cisma no ocurrió. No se puede acompañar pastoralmente a los fieles engañándolos. No se puede llamar “tradición” a la desobediencia contumaz ni “fidelidad” a la ruptura.
La decisión del Vaticano es dura, sí. Es de alcance casi sin precedentes en la historia reciente del caso lefebvrista. Pero era necesaria. Porque después de tantas advertencias e intentos de reconciliación, después de tantas concesiones pastorales, la Fraternidad no actuó simplemente sin permiso: Actuó contra el Papa.
Y cuando una institución decide actuar contra Pedro, la Iglesia tiene el deber de decirlo con dura claridad.
Por el bien de la verdad y de la salvación de las almas.