Jordi Bertomeu Farnós y José Enrique Escardó (imagen generada)
La visita del Papa León XIV a América del Sur está convirtiéndose en un acontecimiento extraordinario. Tras su paso por Uruguay y su multitudinaria acogida en Argentina —donde, según las autoridades locales, unos dos millones y medio de fieles participaron en la Misa celebrada este lunes en Buenos Aires—, el Pontífice se prepara para llegar al Perú, el miércoles 11 de noviembre, en lo que probablemente será la etapa más emotiva y personalmente significativa de su viaje.
Porque el Perú no es un país más para León XIV. Es el país donde fue misionero, donde ejerció el episcopado y cuya nacionalidad adquirió. Para muchos peruanos, el Papa es simplemente uno de los suyos, y su regreso, ahora como sucesor de Pedro, tiene todos los ingredientes para convertirse en una celebración histórica de fe y afecto popular.
Pero una controversia que viene gestándose alrededor del anunciado encuentro privado del Papa con víctimas de abusos en la Iglesia amenaza con echar una sombra sobre esa celebración. Y lo más preocupante es que, detrás de esta controversia, aparece una pregunta incómoda que las autoridades eclesiásticas peruanas deberían responder: ¿quiénes son las víctimas que merecen ser escuchadas por el Papa y quiénes, aparentemente, pueden ser ignoradas?
Encuentro con las víctimas
El 27 de octubre, la Santa Sede anunció que León XIV sostendría varios encuentros con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia durante su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. La decisión es coherente con la práctica de los últimos pontificados. Estos encuentros suelen desarrollarse fuera del programa oficial, en condiciones de privacidad que permiten proteger a personas que, con frecuencia, han sufrido experiencias profundamente traumáticas y no desean exponerlas ante las cámaras de televisión.
Sin embargo, en el Perú dos grupos distintos, y aparentemente enfrentados, que reivindican representar a las víctimas del ya disuelto Sodalicio de Vida Cristiana han comenzado a formular reclamos públicos que amenazan con convertir lo que debería ser un encuentro de reconciliación y esperanza en un nuevo episodio de confrontación.
Uno de los grupos está encabezado por José Enrique Escardó Stein, uno de los primeros denunciantes públicos de abusos en el Sodalicio, cuya trayectoria posterior ha estado marcada por cambios religiosos e ideológicos radicales, así como por posiciones particularmente beligerantes frente a la Iglesia católica.
Escardó, que abandonó el Sodalicio siendo joven, pasó posteriormente por el movimiento Hare Krishna, abrazó posiciones abiertamente antirreligiosas y llegó a identificarse públicamente con el satanismo. Su recorrido errático ha sido objeto de recientes comentarios en el programa televisivo peruano Beto a Saber, que le dedicó un capítulo especial titulado ¿Satánico o Pobre Diablo?. Posteriormente se distanció de la identificación de “satanista” para poder sostener un encuentro privado con el Papa Francisco el 24 de enero de 2025, facilitado por el comisario nombrado por el Papa Francisco, Jordi Bertomeu Farnós.
El domingo 8 de noviembre, Escardó denunció públicamente que había sido excluido del encuentro que León XIV sostendría con víctimas del Sodalicio. Según su versión, una periodista extranjera le informó que la reunión se realizaría el 14 de noviembre en Chiclayo, y no en Lima, como habían señalado otras informaciones periodísticas.
Escardó responsabilizó de su supuesta exclusión al nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, y al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader.
No existe, sin embargo, confirmación oficial de que esa reunión vaya a realizarse en Chiclayo, ni de que sus participantes hayan sido seleccionados de la manera que denuncia Escardó. De hecho, informaciones periodísticas anteriores situaban el encuentro con víctimas del Sodalicio en Lima.
Las controversias del otro grupo
El otro grupo, que originalmente se presentó como más organizado, con más ex miembros de las distintas comunidades fundadas por Luis Fernando Figari, parece haber sido capturado por una minoría fundamentalmente interesada en la expectativa de una descomunal recompensa económica, alentada por Jordi Bertomeu Farnós, que a diestra y siniestra ofreció millonarias compensaciones, todas ellas basadas en el mito creado por Paola Ugaz de que el hoy disuelto Sodalicio tenía en el bolsillo, o en algún depósito accesible a lo Rico Mc Pato, la friolera de mil millones de dólares.
Este grupo, bajo la firma de tres ex sodálites que tuvieron diversos niveles de compromiso -la mayoría relativamente breve- publicó recientemente un comunicado extenso, farragoso, y repleto de peticiones absurdas -dirigiendo demandas al gobierno peruano, al ministerio público, a los periodistas independientes y a las autoridades de la Iglesia- básicamente actuando como voceros de Bertomeu: exigiendo que la prensa no lo critique (¿a quién le importa la libertad de expresión?), que se tome de rehenes canónicos a los sacerdotes sodálites hasta que las instituciones completamente independientes del difunto Sodalicio de alguna manera “entreguen el dinero”; y que el gobierno peruano, mágicamente y contra las leyes vigentes, fuerce a estas sociedades civiles a compensar a la víctimas no en proporción a los bienes que el Sodalicio ya ha puesto en manos de Bertomeu -incluyendo una importante propiedad a las afueras de Roma que el comisario no se ha dignado siquiera en poner a la venta-; sino en proporción a la cifra fantástica -los míticos mil millones de dólares- que Paola Ugaz difundió durante años y cuya existencia jamás pudo demostrar cuando tuvo oportunidad de hacerlo ante la justicia peruana.
El escándalo de Catacaos
Pero la controversia más reciente, y posiblemente una de las más reveladoras sobre los riesgos de la intervención de Bertomeu, estalló el domingo 8 de noviembre.
Ese día, el programa de investigación Panorama, de Panamericana Televisión, difundió un reportaje sobre la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, que cuestiona frontalmente la representación de algunas de las personas presentadas como agraviadas en una ceremonia eclesiástica de petición de perdón relacionada con el caso Sodalicio.
La ceremonia, que contó con la participación de Bertomeu y miembros de la jerarquía católica, incluyó el gesto extraordinario de obispos y cardenales arrodillándose ante quienes se presentaban como representantes de la comunidad perjudicada.
Sin embargo, según la investigación de Panorama, miembros de la propia comunidad denunciaron que esas personas no cuentan con la representación legal ni con el respaldo de la población que pretendían representar.
El reportaje identifica específicamente a Santos Maza Juárez, denunciado por presunto maltrato animal, y a Marcelino Inga, contra quien la junta directiva electa habría formulado acusaciones por usurpación de terrenos, lesiones e intimidación.
Se trata de denuncias cuya responsabilidad penal corresponde determinar a la justicia, no a los periodistas ni a los obispos. Pero la cuestión eclesiástica es igualmente grave.
Si las afirmaciones de los comuneros son correctas, ¿cómo fue posible que representantes de la jerarquía de la Iglesia realizaran un acto público de reparación y humillación institucional ante personas cuya representatividad estaba seriamente cuestionada?
¿Quién verificó sus credenciales? ¿Quién comprobó que hablaban en nombre de la comunidad? ¿Quién aconsejó a los obispos peruanos arrodillarse ante ellas?
Y, sobre todo, ¿existe la posibilidad de que algunas de esas mismas personas sean presentadas ahora ante León XIV como representantes de las víctimas del Sodalicio?
No hay información pública que permita afirmar que ello vaya a ocurrir. Pero, después de las revelaciones de Panorama, la pregunta resulta inevitable.
Las otras víctimas: las que parecen no existir
Y llegamos al verdadero problema.
Durante la intervención pontificia del Sodalicio, Jordi Bertomeu llegó a caracterizar públicamente a la institución de “elitista y racista”, atribuyéndole una supuesta preferencia por jóvenes blancos de sectores acomodados.
Como alguien que perteneció al Sodalicio, puedo afirmar que esa generalización es falsa y profundamente injusta. Pero, incluso aceptando por un momento esa caracterización, surge una contradicción verdaderamente escandalosa.
¿Va a resultar que, en un país tan diverso y marcado por profundas desigualdades sociales como el Perú, las únicas víctimas de abusos eclesiásticos dignas de encontrarse con el Papa son las vinculadas al Sodalicio?
Porque los escándalos sexuales en la Iglesia peruana exceden ampliamente, tanto geográfica como institucionalmente, al extinto movimiento fundado por Figari.
Y no estoy hablando de rumores de sacristía ni de historias recogidas en conversaciones privadas. Estoy hablando de denuncias públicas, investigaciones periodísticas, procedimientos civiles y canónicos y, en algunos casos, decisiones institucionales adoptadas precisamente a consecuencia de esas denuncias.
Tomemos el caso de monseñor Antonio Santarsiero Rosa, quien ejerció como obispo de Huacho y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana.
En abril de 2026 se hicieron públicas denuncias formales por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico relacionados con su actuación en el seminario de Huacho. Los testimonios incluían acusaciones de conductas sexuales inapropiadas contra un antiguo seminarista, que era menor de edad cuando habrían comenzado los hechos, y contra un sacerdote.
Santarsiero negó las acusaciones, pero la gravedad de las denuncias llevó a que solicitara apartarse de la secretaría general de la Conferencia Episcopal mientras se esclarecían los hechos.
¿No merecen ser escuchados también quienes presentaron esas denuncias?
Y resulta todavía más significativa la situación de Chiclayo, la ciudad especialmente querida por el Pontífice, donde Robert Francis Prevost ejerció como obispo antes de ser llamado a Roma.
Allí, Ana María Quispe Díaz y otras dos mujeres denunciaron abusos sexuales cometidos cuando eran niñas por los sacerdotes Eleuterio Vásquez Gonzáles y Ricardo Yesquén Paiva, que han sido posteriormente acusados por muchas más víctimas. Vásquez Gonzáles ha sido laicizado, mientras Yesquén Paiva ya ha fallecido.
Las denuncias se hicieron públicas en 2023, pero algunos de los hechos habían sido comunicados anteriormente a las autoridades eclesiásticas, incluido el entonces obispo Prevost.
Si León XIV va a encontrarse en Chiclayo con víctimas de abusos, ¿tiene algún sentido que las denunciantes de uno de los casos más conocidos de la propia diócesis sean ignoradas, mientras se recibe exclusivamente a víctimas de una institución que ni siquiera pertenecía a esa jurisdicción?
La respuesta debería ser evidente…pero los casos no terminan allí.
La historia de los abusos eclesiásticos en el Perú incluye también episodios tan perturbadores como el del agustino recoleto José Luis Untoria Mahave, condenado en España en 1997 por abusar sexualmente de diez alumnos de entre 12 y 14 años en Salamanca. Después de su condena, el religioso fue enviado a misiones en el Perú.
¿Cómo pudo ocurrir que un religioso condenado por abusos contra menores terminara siendo trasladado a un país latinoamericano para realizar trabajo misionero?
Es precisamente el tipo de pregunta que debería interesar a quienes han asumido la responsabilidad de combatir los abusos y el encubrimiento dentro de la Iglesia. Y Bertomeu no ha estado entre quienes han hecho tales preguntas.
También está el caso del sacerdote colombiano Carlos Alberto Londoño Henao, denunciado en Puno -en el extremo sur andino- por una joven que afirmó haber sufrido violencia psicológica y física, presiones para abortar y el contagio de una infección de transmisión sexual.
Aquí tampoco se trata de anticipar una sentencia, sino de reconocer que existen denuncias graves que no pueden desaparecer de la atención pastoral simplemente porque no pertenecen al caso Sodalicio.
Y quizás uno de los ejemplos más estremecedores sea el de las investigaciones sobre abusos sexuales y presunto encubrimiento en Huamachuco y Trujillo.
En julio de 2020, la agencia ACI Prensa publicó una extensa investigación basada en denuncias recogidas originalmente por el diario La República, que involucraban a diversos sacerdotes y cuestionaban la actuación de autoridades eclesiásticas.
Las denuncias incluían presuntos abusos contra adolescentes, hostigamiento de seminaristas, conductas sexuales impropias y acusaciones sobre encuentros en los que se habría pagado a menores de edad para mantener relaciones sexuales.
El sacerdote Esteban Desposorio Fernández, uno de los denunciantes, declaró entonces a La República:
“Son muchas víctimas que nos han contado cosas horribles de muchos, mal llamados, sacerdotes. Tanto de Huamachuco como de Trujillo”. “No me importa si me botan de la Iglesia. Lo que quiero es que todo esto se sepa”.
¿Cuántas de estas personas han recibido una invitación para encontrarse con el Papa? ¿Cuántas han sido contactadas por las autoridades eclesiásticas? ¿Cuántas saben siquiera que existe la posibilidad de ser escuchadas?
El Papa no puede ser rehén de una selección de víctimas
Quiero ser absolutamente claro: no estoy cuestionando el derecho de ninguna víctima del Sodalicio a encontrarse con el Papa León XIV. Tampoco estoy sugiriendo que quienes sufrieron abusos dentro de esa institución deban recibir menos atención, menos justicia o menos reparación.
Lo que cuestiono es que la tragedia de los abusos en la Iglesia peruana pueda reducirse a un solo expediente, un solo grupo de denunciantes o una sola operación institucional conducida por Jordi Bertomeu.
Las víctimas no son propiedad de los comisarios pontificios, de los abogados, de las asociaciones ni de los periodistas que han convertido sus denuncias en una causa pública.
Tampoco existe una jerarquía moral de víctimas según su notoriedad mediática, sus conexiones institucionales, su capacidad de organizar conferencias de prensa o la cuantía de las indemnizaciones que reclaman.
Una niña abusada en una parroquia de Chiclayo, un seminarista humillado y agredido en Huacho, una joven que denuncia violencia y coerción en Puno o un adolescente explotado sexualmente en una localidad de la sierra tienen exactamente la misma dignidad humana que quienes sufrieron abusos dentro del Sodalicio.
Y tienen el mismo derecho a que la Iglesia reconozca su sufrimiento, esclarezca los hechos y actúe con justicia.
Naturalmente, ningún Papa puede reunirse personalmente con todas las víctimas. Habrá siempre criterios de selección, restricciones de tiempo y necesidades de confidencialidad. Pero esos criterios deben responder a la justicia, a la representatividad y a la atención pastoral, no al protagonismo de determinados intermediarios.
La transparencia tampoco exige divulgar los nombres de quienes desean privacidad. Basta con que las autoridades competentes puedan garantizar que el proceso de selección ha sido serio, amplio y no discriminatorio.
El Papa León XIV llega al Perú para reencontrarse con un pueblo que lo quiere, que se siente orgulloso de él y que espera escuchar de sus labios un mensaje de fe, unidad y esperanza.
Sería profundamente lamentable que esa visita quedara empañada por una nueva confrontación entre grupos de víctimas o, peor aún, por la percepción de que determinadas personas han conseguido monopolizar el acceso al Pontífice mientras otras permanecen invisibles.
Todavía hay tiempo para evitarlo.
La Conferencia Episcopal Peruana y la Nunciatura Apostólica deberían asegurarse de que el encuentro del Papa no se convierta en la expresión de una dolorosa discriminación entre víctimas.
Porque si el propósito de León XIV es escuchar a quienes han sufrido abusos y hacerles sentir la cercanía de la Iglesia, el criterio fundamental no puede ser a qué organización pertenecía el abusador, quién representa al denunciante o quién administra las reparaciones económicas.
El criterio tiene que ser el sufrimiento de las personas y su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
De lo contrario, la pregunta inevitable al término de la visita no será solamente con quiénes se reunió el Papa. Será otra mucho más dolorosa:
¿Qué pasó con todas las demás víctimas de la Iglesia en el Perú?