Jordi Bertomeu y el escándalo de las filtraciones vaticanas
A punto de iniciar una misión para la que no está calificado, el 007 vuelve a levantar sospechas
¡Salud por esa información!
Hay momentos en que los hechos dejan de ser simples coincidencias y empiezan a formar un patrón. Y el patrón que rodea a monseñor Jordi Bertomeu Farnós es cada vez más grave.
Desde hace tiempo, muchos católicos peruanos vienen sospechando algo extremadamente delicado: que Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no se limita a cumplir su tarea eclesial con la discreción, prudencia y justicia necesarias, sino que habría convertido información reservada de la Santa Sede en munición para sus aliados, sus amigos y sus operadores ideológicos.
La última señal es escandalosa.
El minúsculo portal Epicentro TV, donde ha terminado varando Paola Ugaz, publicó una denuncia contra el padre Omar Sánchez Portillo, sacerdote de la Diócesis de Lurín, conocido por su obra social con la Asociación de las Bienaventuranzas. Según la publicación de Ugaz, la denuncia habría sido enviada en mayo de 2023 (dos años atrás) al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y contendría detalles del expediente presentado contra el sacerdote. La nota incluso afirma que el medio conoció la denuncia “en su integridad” y que el caso estaría siendo tramitado en una instancia vaticana.
Pero la única “instancia vaticana” que gestiona estas denuncias es Doctrina de la Fe.
La pregunta es inevitable: ¿cómo llega esa información a Paola Ugaz?
No estamos hablando de una opinión teológica, de un rumor parroquial o de una discusión pública. Estamos hablando de una denuncia presentada ante instancias de la Santa Sede, dentro de un procedimiento que debería estar protegido por la reserva propia de estos procesos. Si esa información es auténtica, alguien con acceso a ella la filtró. Y si fue filtrada, estamos ante una violación gravísima de la confianza debida a las víctimas, a los acusados, a los obispos competentes y a la propia Iglesia.
La prueba más seria de que algo anda profundamente mal está en el comunicado de la Diócesis de Lurín, publicado el sábado 2 de mayo por su obispo, monseñor Carlos García Camader, que es además presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
El comunicado dice:
La Diócesis de Lurín, ante la noticia que circula en las redes sociales, y, a la luz de lo dispuesto en el Motu proprio Vos estis lux mundi, comunica a los fieles Católicos y al público en general, lo siguiente:
1. Que ha tomado conocimiento, a través de información difundida públicamente, de una acusación por presuntos actos contrarios al sexto mandamiento, presentada a la Santa Sede contra el Rvdo. Padre Omar Sánchez Portillo, sacerdote de esta diócesis.
2. Que el Obispo diocesano, en estricto cumplimiento de la normativa canónica vigente y del citado Motu proprio, ha dispuesto y viene ejecutando las medidas pertinentes, actuando con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho.
Por ende, reitera su solidaridad y el compromiso de actuar con fidelidad a las disposiciones eclesiales aplicables, asegurando la tramitación que demanda el presente caso.
Es decir, el propio obispo del sacerdote —su autoridad directa, el pastor responsable de actuar conforme a Vos estis lux mundi— no ha sido informado primero por los canales eclesiales correspondientes, sino por una publicación mediática. No por Roma. No por un procedimiento ordenado. No por comunicación oficial. Por una filtración convertida en noticia.
Ese es un desorden institucional de proporciones mayores. Y aquí surge la pregunta que nadie en Roma debería esquivar: ¿quién dentro de la estructura vaticana pudo haber tenido acceso a esa información y, además, relación con Paola Ugaz?
La respuesta obvia, por lo menos como inferencia legítima, apunta a Jordi Bertomeu Farnós.
Bertomeu trabaja en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Bertomeu ha tenido un papel central en los procesos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú. Bertomeu ha mostrado cercanía operativa con sectores mediáticos e ideológicos que han hecho de la demolición selectiva de adversarios una forma de activismo. Y Bertomeu aparece ahora, nuevamente, en el centro de una tormenta donde información eclesial reservada termina beneficiando a quienes quieren destruir públicamente a un sacerdote antes de que el procedimiento canónico siga su curso.
No digo que esto esté judicialmente probado. Digo algo más elemental y más urgente: la Santa Sede tiene el deber de investigarlo.
Porque si Bertomeu filtró información, debe ser removido de inmediato. Y si no la filtró, debe ser el primer interesado en exigir una investigación transparente que despeje toda sospecha. Lo que no puede hacer Roma es mirar hacia otro lado mientras expedientes reservados parecen circular selectivamente entre periodistas amigos, operadores ideológicos y enemigos declarados de determinados sectores de la Iglesia peruana.
El problema no es solo el padre Omar Sánchez. El problema es la credibilidad del sistema canónico.
Toda denuncia de abuso debe ser tomada con seriedad. Siempre. Las presuntas víctimas merecen escucha, protección y justicia. Pero también es cierto que la justicia eclesial no puede funcionar como tribunal clandestino de filtraciones, venganzas y linchamientos mediáticos. Cuando una acusación se convierte en arma pública antes de que actúe la autoridad competente, no se protege a la víctima: se contamina el proceso y se corrompe la Iglesia desde dentro.
Y esto es precisamente lo que muchos católicos en el Perú vienen reclamando desde hace tiempo: Jordi Bertomeu no tiene la autoridad moral para liderar ningún proceso de reparación, menos todavía el que empezará el lunes 4 de mayo en la Nunciatura Apostólica de Lima respecto de las víctimas del desaparecido Sodalicio de Vida Cristiana.
Ese proceso exige serenidad, justicia, independencia, discreción y verdadera compasión por las víctimas. Y son las víctimas y sus representantes -en dos comunicados públicos- quienes cuestionan duramente la competencia del otrora intocable James Bond de la Iglesia.
Su reclamo es que este proceso no puede estar en manos de alguien sobre quien pesan sospechas tan graves de parcialidad, filtración y uso político de información reservada. Mucho menos si, como denuncian diversas fuentes vinculadas a víctimas y exmiembros del Sodalicio, Bertomeu parece más interesado en imponer una narrativa, castigar enemigos y quedar bien ante el nuevo pontificado que en conducir un proceso limpio.
La situación es aún más grave porque el Papa León XIV prepara una visita al Perú antes de fin de año. Precisamente por eso, la Santa Sede debería actuar antes de que el problema explote públicamente con consecuencias mayores. No se puede permitir que un funcionario cuestionado, convertido ya en factor de división y sospecha, sea la cara romana de procesos delicados en el Perú.
La catadura institucional de Bertomeu está bajo cuestionamiento. Y ese cuestionamiento ya no puede ser despachado como “resistencia conservadora”, “ataque de sodálites” o “campaña de desprestigio”. Hay hechos concretos. Hay filtraciones aparentes. Hay procedimientos reservados que terminan publicados. Hay obispos que parecen enterarse por la prensa de acusaciones presentadas contra sus propios sacerdotes. Hay periodistas ideológicamente alineados que acceden a información que no deberían tener.
Eso exige una respuesta.
El Papa León XIV tendrá que tomar una decisión. Y debería tomarla pronto.
Porque si Roma quiere restaurar la confianza en la justicia eclesial, no puede tolerar funcionarios que actúan —o permiten que se actúe— como operadores de facción.
Porque cuando el custodio de los expedientes se vuelve sospechoso de filtrarlos, el problema ya no es solo el expediente. El problema es el custodio.