Jordi Bertomeu sí chantajeó al Sodalicio
La filtración de audios y una carta aclaratoria demuestra que el otrora “James Bond” del Vaticano actuó con malicia, falsedad y ambición
Jordi Bertomeu Farnós, el otrora “007” del Vaticano
Finalmente he podido comprender por qué Jordi Bertomeu Farnós, el siniestro personaje que venía actuando con patente de corso bajo el pontificado del Papa Francisco, tenía el sobrenombre del “007” de la Iglesia -apodo, dicho sea de paso, que llevaba con gusto-: porque como para el imaginario espía inglés, el fin siempre justifica los medios, y la moral y el derecho se arrojan por la ventana tan pronto como impiden lograr los objetivos.
Las revelaciones
Que el Sodalicio de Vida Cristiana ya no exista no impide que su historia reciente siga generando revelaciones importantes. Y no porque haya aparecido la más mínima evidencia sobre los trillados “lavados de activos” o los MMM -”míticos mil millones” de dólares- que Paola Ugaz promovió con tanta ligereza; sino porque el cortinaje cayó finalmente sobre las maniobras de Jordi Bertomeu Farnós, quien -como ahora sabemos- intentó presionar a los responsables del Sodalicio para obtener recursos que nunca existieron, amparándose en amenazas inexistentes, informes imaginarios y supuestas gestiones judiciales cuya falsedad ha quedado plenamente acreditada.
El punto de quiebre apareció cuando el portal español Infovaticana publicó grabaciones en las que se escuchaba a Bertomeu, en conversaciones a puerta cerrada, insinuando que podía interceder ante el sistema judicial de los Estados Unidos -al que describía como ad portas de una investigación inminente- si el Sodalicio ponía a disposición “los bienes” que él afirmaba saber que estaban ocultos.
La referencia explícita a la “influencia” que podía ejercer en favor de los líderes del Sodalicio ante supuestas autoridades norteamericanas, a cambio de transferencias patrimoniales antes de la supresión canónica definitiva, convirtió en audible lo que hasta ahora era apenas rumor.
La reacción a la revelación fue inmediata y reveladora. Los pocos corifeos de Jordi Bertomeu -todos concentrados en el risible portal español Religión Digital- optaron por el mecanismo reflejo habitual: minimizar el escándalo, aislar a Infovaticana como supuesto enemigo personal del visitador catalán, y presentar el episodio como una campaña contra las víctimas.
A las defensas ciegas de personajes del sótano eclesial como José Manuel Vidal y Lucía “chalina roja” Caram; apareció un mini sicofante que pretendió justificar las maniobras de Bertomeu invocando el procedimiento penal estadounidense conocido como plea bargaining, como si un intercambio procesal entre acusación y defensa, con fiscal real, expediente constituido y acta pública, tuviera algo que ver con amenazar a puerta cerrada, sin documentos, sin notificaciones judiciales y amparado únicamente en insinuaciones.
Ese intento de confusión duró poco, porque en respuesta a la publicación original de Infovaticana, el último ecónomo del Sodalicio de Vida Cristiana, José Antonio Dávila Guerrero, decidió publicar una carta que, sin retórica, desmontó punto por punto el castillo de naipes que sostenía Bertomeu.
Entre las importantes revelaciones de Dávila:
El Sodalicio nunca ha sido notificado, ni por la Santa Sede, ni por el FBI, ni por ninguna autoridad estadounidense de investigación alguna abierta en Estados Unidos.
Tampoco existió jamás una sola solicitud o requerimiento legal que señalara lavado de activos, corrupción económica o enriquecimiento indebido. La afirmación es directa y verificable: ningún tribunal, estatal ni federal, había intervenido.
El chantaje existió
Dávila relata además haber sostenido seis reuniones con Bertomeu, en Brasil, Ecuador y Lima, alguna de ellas en presencia de los Delegados Pontificios designados por la Santa Sede. En esas reuniones, “surgieron comentarios por parte de Mons. Bertomeu sobre posibles acciones legales contra nosotros”.
Cada vez que el entonces ecónomo le pidió claridad -documentación, acusaciones formales, identidad de la autoridad involucrada- Bertomeu no solo se negó a entregar cualquier detalle verificable, sino que se ufanó de que el Sodalicio “nunca verá ese informe” ¿Ese es un legítimo, ético y cristiano plea bargaining?
Pero la revelación más grave de la carta es que, entre enero y abril de 2025, Bertomeu intentó presionar para que bienes que no pertenecían al Sodalicio fueran transferidos ilegítimamente “a la Iglesia” -en realidad a quienes Bertomeu designara- antes de su supresión. Dávila precisó que tales bienes simplemente no son propiedad del Sodalicio; y que los bienes que sí lo son, siempre estuvieron bajo administración de los liquidadores designados por Roma.
La gran farsa de Bertomeu
Es especialmente revelador el comentario con el que Dávila concluye la carta:
“no es la primera vez que un medio de comunicación español reproduce las mentiras de Jordi Bertomeu. El pasado 14 de abril de 2025, el medio radiofónico RAC1 emitió una entrevista en la que Mons. Bertomeu transmitía una versión falsa de los hechos”.
En su momento describí la bizarra, lunática y reveladora entrevista que Bertomeu, entonces en la cúspide de su narcisismo y boconería, concedió a la emisora catalana RAC1, en el programa El Món. Recomiendo vivamente leerla.
En ella el 007 se permitió describir al Sodalicio como “una isla fiscal en un país tendencialmente corrupto”, afirmando que “blanqueaba dinero mediante empresas pantalla” y que existían cuentas off-shore que “salieron en los Papeles de Panamá”. Todo ello era falso. Y Bertomeu lo sabía… o simplemente le creía a Paola Ugaz.
En esa misma entrevista del 14 de abril, Bertomeu añadió, con aparente satisfacción, que “el Vaticano detectó irregularidades muy graves que tendremos que poner en manos de la justicia norteamericana” y dijo, relamiéndose prematuramente, que “Estados Unidos tiene una legislación y una justicia imperial. Ellos te pueden bloquear las cuentas en todo el mundo. Ellos te pueden hacer la vida bastante difícil. Pues miren, los últimos movimientos [económicos del Sodalicio] se han hecho en Denver, Colorado. Es allí porque puede funcionar como paraíso fiscal”.
Un intento fracasado
No sólo jamás ocurrió tal derivación, sino que la Secretaría de Estado carece de estructura interna para dirigir investigaciones económico-penales dentro del Vaticano, y mucho menos en jurisdicciones extranjeras. Bertomeu pues estaba inventando.
Pero eso no quiere decir que Bertomeu no trató de encontrar alguna forma de poner al Sodalicio en problemas legales serios. Movido por su convicción de que Paola Ugaz tenía razón cuando aseguraba que existía “lavado de activos” en el Sodalicio, Bertomeu buscó iniciar un expediente judicial en Estados Unidos.
En febrero de 2025, solicitó una reunión con la embajadora estadounidense en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, pidiéndole ayuda para “activar” en Estados Unidos mecanismos judiciales contra el Sodalicio. La embajadora, con paciencia diplomática, le explicó que el poder judicial norteamericano es independiente, que un embajador no tiene acceso a fiscales, y que la justicia federal no se activa por recomendación diplomática.
Bertomeu con la embajadora en el Perú Stephanie Syptak-Ramnath y su esposo
La embajadora sin duda debe haberse rascado la cabeza preguntándose cómo un supuesto “diplomático” del Vaticano no tenía idea de la separación de poderes de los Estados Unidos. ¿De dónde había salido este sujeto?
Paso siguiente, Bertomeu habría pedido a la Secretaría de Estado del Vaticano que la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU -que se encuentra en Nueva York, a pocas cuadras de la Sede de las Naciones Unidas- dedicara un funcionario a iniciar una investigación contra las supuestas “propiedades offshore” del Sodalicio en los Estados Unidos.
Bertomeu estaba convencido, muy posiblemente por la mala información de Paola Ugaz, de que la fiscalía de Nueva York tenía una especie de potestad universal.
El monseñor del a nunciatura ante la ONU encargado de estas gestiones pronto descubrió que, de acuerdo al sistema jurídico norteamericano, es imposible que se maneje desde Nueva York una investigación contra una entidad cuya sede se encuentra -como es público- en Denver, en el estado de Colorado; a 2.858 kilómetros al oeste de Nueva York. Es decir, para que se imagine el James Bond del Vaticano, 16 veces la distancia que hay entre Tortosa, su pueblecito natal, y la capital catalana de Barcelona.
A mediados de 2025, mediante un pedido formal conforme a la Sunshine Law del estado de Colorado, solicité a la fiscalía estatal si existía alguna investigación como la descrita por Bertomeu. La respuesta de la fiscalía fue tajante: no existía -ni había existido- ninguna consulta, denuncia o solicitud relacionada con el Sodalicio o con entidades vinculadas a él.
Finalmente, en un esfuerzo desesperado, el pasado 14 de julio, Bertomeu solictó en Lima entrevistarse con la fiscal adjunta de lavado de activos, Dra. Quiroz Félix, que está viendo el caso de la Asociación Civil San Juan Bautista; la institución a la que Paola Ugaz acusa de “lavar” dinero “del Sodalicio” (falsamente por cierto).
La Fiscal lo citó a declarar el 18 de julio... pero -como exigen las normas vigentes de la ley que el 007 desprecia- con la presencia de los abogados defensores. Cuando supo que no iba a estar solo para hablar a sus anchas, el James Bond catalán se echó para atrás y nunca apareció. Si tenía argumentos contundentes como los que ha dicho que tiene ¿Por qué se acobardó?
La casa de naipes se cae
Para cuando esas respuestas llegaron, Bertomeu ya sabía que no había ningún proceso ni modo alguno de iniciarlos en Estados Unidos, Panamá, Perú o el Vaticano. Y sin embargo continuó repitiendo que existía un documento entregado por la Santa Sede a autoridades estadounidenses, como si el expediente fuera inminente. Era un bluff desesperado que ni el mismo James Bond se hubiera permitido en Casino Royal.
Ese bluff tenía un propósito concreto: la transferencia de bienes a su control. Es decir, obtener recursos bajo la extorsión de un desastre judicial inexistente. Y es ahí donde aparece el único origen verdadero de toda la fábula: la insistencia obsesiva y fantasiosa de Paola Ugaz respecto a una imaginaria fortuna, los MMM: míticos mil millones de dólares; cifra que ella repitió con absoluta irresponsabilidad y que Bertomeu aceptó como certeza revelada.
Todo lo demás -las amenazas privadas, las insinuaciones, el peregrinaje diplomático, la entrevista en RAC1, la puesta en escena- nació de esa ficción.
Hoy la línea de tiempo está clara, los protagonistas identificados y las pruebas en dominio público. El Sodalicio fue suprimido; no existe patrimonio oculto; no hubo lavado de activos; no hubo investigación en Estados Unidos; y no existe -ni existió- expediente alguno entregado por el Vaticano a autoridades judiciales extranjeras.
Lo que sí existió fue un intento coordinado, documentado, insistente, de presionar a los responsables de la institución para obtener dinero inexistente mediante amenazas que sabían falsas.
Ese capítulo, inevitablemente, quedará registrado como la etapa más oscura de la intervención pontificia sobre el Sodalicio. Y su epílogo es bastante menos épico que los titulares que lo anunciaron: el mito del “billón” se evaporó, y con él, la credibilidad de quien lo utilizó como moneda de intimidación.
El tema de la infantil expectativa que los creadores del mito han puesto en el nombramiento de un nuevo comisario adjunto por parte del Vaticano es tema para una próxima entrega. Estén atentos.