Écône: no fue “sin permiso”, fue contra el Papa
La decisión de los Lefebvristas crea una grave crisis en la Iglesia a la que León XIV deberá responder
Las ordenaciones ilícitas de los Lefebvristas que les ha valido la excomunión
La mañana de este miércoles 1 de julio, en Écône, Suiza, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X consumó lo que la Santa Sede había intentado evitar hasta el final: la consagración episcopal de cuatro nuevos obispos “sin mandato pontificio”, como lo describió la agencia noticiosa oficial del Vaticano, Vatican News. La ceremonia fue presidida por los obispos Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, los dos obispos vivos de los cuatro consagrados por Marcel Lefebvre el 30 de junio de 1988.
Un llamamiento repetido
No se trató de un malentendido, ni de un acto realizado en una zona gris del derecho canónico. Vatican News subrayó que las consagraciones ocurrieron a pesar de los intentos de diálogo de la Santa Sede, de las advertencias del cardenal Víctor Manuel Fernández, que aunque no es la voz más creíble, es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; así como del último llamado personal de León XIV, fechado el 29 de junio, solemnidad de san Pedro y san Pablo.
La carta del Papa fue paternal, pero inequívoca. León XIV reconoció en quienes están vinculados a la Fraternidad el apego a la liturgia, la formación sacerdotal, el celo apostólico y el deseo de fidelidad a la Tradición. Pero precisamente por el bien espiritual de esos fieles les pidió: “¡Den marcha atrás!”. El Pontífice advirtió además que el acto cismático que estaban por cometer los privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos.
Desobediencia premeditada
La respuesta de los hechos fue brutal: la Fraternidad siguió adelante.
Al inicio de la liturgia de este miércoles, el superior de la FSSPX, Davide Pagliarani, afirmó: “Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para salvar a la Iglesia”. También sostuvo que la situación era una “circunstancia totalmente excepcional” y que las autoridades de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, manifiestan una actitud contraria a la fe y actúan contra la sagrada tradición. La frase más grave, sin embargo, fue otra: “las posibles sanciones o censuras contra este acto no tienen ningún valor”.
Esa afirmación revela el núcleo del problema. La Fraternidad no actuó simplemente “sin permiso” del Papa, como si se tratara de una omisión administrativa. Actuó después de una advertencia doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, después de un llamado explícito del Romano Pontífice, y contra la voluntad expresa de quien, como Sucesor de Pedro, tiene la responsabilidad de custodiar la unidad visible de la Iglesia.
El cardenal Fernández ya había advertido en mayo que estas ordenaciones episcopales no contaban con mandato pontificio y que constituirían “un acto cismático”, citando el motu proprio Ecclesia Dei de san Juan Pablo II. El mismo comunicado recordaba que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y acarrea la excomunión establecida por la ley de la Iglesia.
El Resultado: están excomulgados
La ley canónica es clara. El canon 1013 establece que ningún obispo puede consagrar a alguien como obispo si no consta previamente el mandato pontificio. Y el canon 1387, en la numeración vigente del Código de Derecho Canónico, establece que tanto el obispo que consagra a otro obispo sin mandato pontificio como quien recibe de él la consagración incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica.
Esto significa algo muy concreto: la excomunión no necesita ser “impuesta” o “proclamada” para existir. El canon 1314 explica que una pena latae sententiae se incurre automáticamente cuando la ley así lo establece. Por eso, salvo que la Santa Sede determinara la existencia de alguna causa eximente -algo difícil de sostener ante una decisión pública, advertida y contumaz-, los obispos consagrantes y los cuatro nuevos obispos consagrados han incurrido ya en la pena canónica prevista por el derecho de la Iglesia.
El próximo paso del Papa
El Papa León XIV puede emitir en los próximos días un decreto declaratorio. Pero ese decreto no sería lo que “produce” la excomunión. Serviría para constatarla públicamente, precisar sus alcances, evitar confusión entre los fieles y, probablemente, ordenar las consecuencias pastorales y disciplinares del caso.
Y esas consecuencias podrían no limitarse a los seis obispos directamente implicados. El canon 1329 contempla la responsabilidad de los cómplices cuando su cooperación resulta necesaria para la comisión del delito, y el canon 1364 establece que el cismático incurre en excomunión latae sententiae, con la posibilidad de añadir otras penas cuando la gravedad del escándalo lo exige.
Esto abre la puerta a que, en los próximos días, las penas canónicas o medidas disciplinarias se extiendan a otros miembros de la Fraternidad que hayan participado formalmente en la preparación, promoción, justificación pública o ejecución del acto.
Y para dejar en claro las declaraciones de los lefebvristas, mezcla de petulancia lamentos plañideros, La decisión que tome el Pontífice no será castigar por castigar. Su deber es impedir que una rebelión eclesial sea presentada como fidelidad católica.
Los afectados
La FSSPX no es un grupo ciertamente marginal, pero no es pequeño. De acuerdo con estadísticas de la propia Fraternidad, tras estas ordenaciones ilícitas cuenta ahora con seis obispos, 751 sacerdotes, 264 seminaristas en formación en cinco seminarios, 145 religiosos hermanos, 88 oblatos y 250 religiosas de 50 nacionalidades. A ellos se suman un número importante de fieles. Ellos reclaman tener un millón -una cifra es inverosímil-, pero lo cierto es que sí cuentan con decenas de miles de fieles. Precisamente por eso la respuesta de Roma no puede ser simbólica ni improvisada. Lo ocurrido en Écône tiene consecuencias para miles de fieles y para la comunión visible de la Iglesia.
La Respuesta de la Iglesia
Hasta el día de las ordenaciones, no se conoce todavía una reacción oficial del Vaticano posterior a la ceremonia. Esto no debería sorprender. En 1988, después de las consagraciones ilícitas de Lefebvre, san Juan Pablo II se tomó el tiempo de elaborar el motu proprio Ecclesia Dei, un documento de amplias consecuencias, en el que calificó aquel acto como una desobediencia al Romano Pontífice en materia gravísima y como un acto cismático.
La situación actual exige una respuesta igualmente seria. No necesariamente idéntica, porque las circunstancias históricas no son las mismas. Pero sí una respuesta amplia, canónicamente precisa y pastoralmente responsable. El Papa León XIV probablemente esté evaluando cómo actuar de la manera más pastoral posible, sin cerrar las puertas a quienes deseen permanecer o volver a la plena comunión, pero sin conceder el más mínimo premio a un acto de soberbia eclesial.
Porque esto debe decirse sin rodeos: lo ocurrido en Écône no fue un exceso de amor por la Tradición. Fue un acto de desobediencia formal al Papa, ejecutado después de haber sido rogado, advertido y llamado a desistir. Y ningún amor auténtico por la Tradición puede fundarse en la ruptura con aquel a quien Cristo confió el ministerio visible de la unidad.
La caridad pastoral no consiste en fingir que no ha pasado nada. Tampoco en golpear indiscriminadamente a los fieles confundidos o heridos que han buscado en la Fraternidad una liturgia reverente, formación doctrinal y estabilidad espiritual. La caridad verdadera exige distinguir: firmeza con quienes han desafiado a Pedro; misericordia con quienes han sido arrastrados a una lógica de resistencia que, al final, termina oponiendo la Tradición viva de la Iglesia al Magisterio vivo de la Iglesia.
San Juan Pablo II lo dijo en Ecclesia Dei con palabras que conservan toda su fuerza: nadie puede permanecer fiel a la Tradición si rompe los lazos con aquel a quien Cristo confió el ministerio de la unidad.
Ese es el punto central. La Fraternidad puede invocar la necesidad, la crisis, la tradición o la supervivencia institucional. Pero este 1 de julio no actuó simplemente sin el permiso del Papa. Actuó contra el pedido del Papa. Y eso, por el bien de la Iglesia, no puede ser tratado como un detalle disciplinar ni como una disputa litúrgica más.